"El video condicionado en crisis"

Nota de Prensario del Video: Año 2 nº18 - Marzo de 1987
‘No estoy asustado: estoy confundido': así definió el dueño de un videoclub céntrico, a Prensario, su estado de ánimo frente a la realización de procedimientos policiales en por lo menos un local y varias editoras de videos condicionados, a estar por las informaciones suministradas a nuestra revista; los directivos de dichas empresas debieron concurrir a dependencias policiales a prestar declaración acerca de su responsabilidad en la edición de tal material.

La situación se produjo en forma simultánea con la acción judicial de secuestro de la película ‘Con el diablo en el cuerpo’ y detención del dueño de la sala cinematográfica donde se exhibía con la debida autorización del Instituto Nacional de Cinematografía. En video, el caso es más complejo porque no se cuenta con un marco legal de referencia, ya que la potestad del INC está limitada a las exhibiciones en público —caso de los cines—y su aplicación a los videocassettes —que representan una utilización privada— es una extensión informal del ámbito más que una medida jurídica. El proyecto de ley elaborado por el INC el año pasado intentó, justamente, crear la forma de poder absorber y generar una fuente adicional de ingresos para el ente estatal actualmente regido por Manuel Antín, pero prohibía el video condicionado.

Tanto los editores como los videoclubistas creían estar a salvo de este tipo de hostigamiento debido a que, desde la asunción del Dr. Raúl Alfonsín, la acción contra la pornografía perdió prioridad en los planes del gobierno, preocupado por temas más serios; sin embargo, una reciente reforma en los procedimientos de aplicación del Código Penal, que admite que la policía actúe de ‘oficio’, y las reiteradas protestas de determinados sectores sociales, han generado esta nueva serie de acontecimientos que siembran la preocupación en los comerciantes, ya inquietos por el exceso de producciones de este tipo, la baja calidad de parte del material que se le ha estado ofreciendo, y el
descenso en el interés del público, pasada la novedad. Un matiz peligroso en esta tendencia declinante es que algún editor, aparentemente, ha estado pensando en cargar las tintas con material de corte más fuerte aún, que puede funcionar en otros mercados pero que tropezaría con enconada resistencia aquí en función’de la escala de valores vigente.

El problema fundamental que enfrenta el sector, con todo, es la vigencia del envejecido Artículo 128 del Código Penal, que reprime la obscenidad pero la define de una manera totalmente inadecuada para nuestros tiempos. Dicho artículo puede ser invocado por cualquier individuo, justa o injustamente, y hasta tanto la Justicia declare finalmente la inocencia del inculpado éste es, a los efectos prácticos, considerado culpable y experimenta penas corporales —como la detención— y materiales, como la clausura del cine, etc. Dicha norma legal podía ser correcta, quizás, en la época de su promulgación, pero en la actualidad resulte anticuada y su modo de aplicación puede dañar a personas inocentes.

Con respecto a la relevancia del video pornográfico en el contexto social, hubiera sido preferible, a nuestro juicio, dejar decantar el proceso tal como se ha hecho en otros países más avanzados: tras décadas de prohibición y aire de misterio, era lógico que existiera interés por ver este tipo de material, pero el entusiasmo ha ido decayendo dada la carencia de novedad en los recursos arguméntales y escénicos del género. La exigencia de no exhibir públicamente los envases de las películas, de mantener los cassettes separados y de incluso separar el catálogo de videos condicionados de lo que constituye el material corriente, podía haberse logrado sin necesidad de procedimientos que requieren la acción policial.

Finalmente, es posible advertir que algunos de los editores de video condicionado se han manejado sin la debida prudencia, generando innecesaria irritación y con ello dando lugar a acontecimientos como los que se han presentado, que sólo van en su propio perjuicio. Esta falta de inteligencia es una manifestación más de una escasez de profesionalismo en parte del sector editor que será necesario enmendar en el futuro.

Transcribimos a continuación el texto de una carta enviada por una editora de video condicionado a los comercios:

‘En conocimiento de comentarios en el mercado de video sobre películas condicionadas, cumplimos en aclarar conceptos sobre el tema y al mismo tiempo sugerirle tenga en cuenta algunos procedimientos útiles en su desempeño:
1)    Vivimos en una democracia y las libertades públicas están en plena vigencia. Ustedes alquilan cassettes condicionados a mayores de 18 años para uso doméstico y no para exhibición pública, por lo tanto no existen en la legislación vigente ninguna prohibición ni censura.
2)    Solamente es recomendable que tengan en cuenta que sí existe legislación que prohíbe el atentado al pudor y a la moral pública.
Por lo tanto desearíamos sugerirle algunas pautas que podrían ser importantes y, de suma utilidad para el desenvolvimiento de su negocio a efectos de no infringir ninguna de las disposiciones y legislaciones.
A)    No exhibir en vidriera publicidad ni cajas de películas condicionadas.
B)    No alquilar bajo ningún concepto películas condicionadas a menores de 18 años (comunicar y verificar el cumplimiento por sus empleados de esta norma).
C)    No exhibir cajas ni publicidad en lugares expuestos a todo público.
D)    No entregar cajas al alquilar el cassette.
Por nuestra parte, nos comprometemos a acompañarlos en la tarea a partir de ahora, proveyéndolos del material teniendo en cuenta las pautas sugeridas’.


rarovhs

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